A pesar de los múltiples esfuerzos y reformas realizados a los sistemas de pensiones de los países de la región, estos no han podido brindar una adecuada protección a importantes sectores de la población, y la expansión de la cobertura sigue siendo la principal tarea pendiente.
Las reformas estructurales a los sistemas de pensiones implementadas en los últimos 25 años en diversos países de la región, aunque han logrado reducir la presión financiera a largo plazo sobre los esquemas basados en el reparto, tendieron a socavar la solidaridad inherente a los sistemas tradicionales; no lograron mejorar la cobertura previsional basada en el aporte a esquemas contributivos y crearon, en algunos casos, considerables presiones fiscales a corto plazo, ligadas a la transición de un régimen de reparto a uno de capitalización.
La realidad actual y las perspectivas para el futuro de los sistemas de pensiones de la región se ven condicionadas por una serie de factores, entre los cuales se destacan el acelerado proceso de envejecimiento demográfico; la escasa (o inadecuada) cobertura que brindan los esquemas contributivos de pensiones, y los problemas de segmentación e insolvencia que han aquejado a algunos de los esquemas tradicionales de la región.
Estos elementos llaman, por una parte, a encontrar formas de ampliar sustancialmente la cobertura previsional de los sistemas nacionales de pensiones y, por otra, a perfeccionar o reformar sus componentes contributivos, de forma de avanzar hacia modelos integrados, equitativos y solidarios y financieramente sostenibles.
La viabilidad de los sistemas de pensiones depende de la coherencia que exista entre las contribuciones durante la vida laboral, los beneficios que se otorgan, la edad de jubilación y la expectativa de vida. Los sistemas de la región deberán irse ajustando para que puedan mantenerse y poder otorgar beneficios. De hecho, Argentina está recorriendo un camino por el que ya pasaron otros países, como Chile, donde se creó el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para financiar pensiones para los trabajadores de menores ingresos -Pilar Solidario- y que se implementó con una reforma previsional en 2008. En España, el Gobierno decidió en 2013 implantar las primeras medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una de estas medidas fue el diseño de un “factor de sostenibilidad” que permite garantizar el equilibrio entre los gastos e ingresos del sistema público de pensiones. Reglas similares a esta ya están poniéndose en práctica en otros países europeos, como Portugal, Grecia, Alemania y Austria.
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